Consulta popular y crisis de representación

Abraham Eleno / Zoon Politikon

Nada está perdido si se tiene por fin el valor de proclamar que todo está perdido y que hay que empezar de nuevo
Julio Cortázar

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional la propuesta de consulta popular sobre la reforma energética –que más allá de colores partidistas, contaba con las legítimas expectativas de lo que, para la Suprema Corte, parecen ser apenas un puñado de ciudadanos-, ha significado para un importante sector de la población, el total y completo sometimiento a un régimen que poco o nada representa la opinión pública.

La SCJN, ha argumentado apego total a la legislación vigente incluso argumentando contra los propios legisladores para justificar su interpretación literal de la norma, aun cuando es el órgano por antonomasia para interpretar la ficción jurídica y además es autónomo –no lo olviden, es uno de los tres Poderes de la Unión-.

En esta tónica, el Poder Judicial, dándole soporte “institucional” y legal al mayor a la desigualdad,  ha dado una muestra más del entramado institucional al servicio de los grandes capitales nacionales y extranjeros que han llevado a la precarización de la vida no sólo en México, sino en el mundo.

ellos y nosotros

Mucho se ha hablado sobre los otros ejemplos. Las reformas estructurales, son otra muestra de ese mismo proyecto que ha puesto al servicio de los Poderes económicos todo el aparato del Estado, desde sus instituciones, hasta sus órganos de representación:

La reforma laboral de Enrique Peña –gestionada por Felipe Calderón- en 2012, fue la primera muestra de “buena voluntad” hacia los capitales extranjeros, que sin una reforma que “flexibilizara” –depaupera- la contratación de mano de obra, no verían un mercado siquiera prometedor; sin mencionar que las agrupaciones empresariales nacionales, desde el periodo de campañas electorales, habían demandado una reforma en el mismo sentido, a lo que Peña Nieto se comprometió.

La reforma educativa, una excelente prestación de servicios para el sector empresarial nacional, fuente de las propuestas para dar rumbo a dicha reforma; súmese a esto la recuperación del control de uno de los sindicatos más grandes y participativos a nivel nacional -el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación-, de cara a lo que serían las próximas reformas que se avecinaban.

La reforma administrativa que vino después, fue una muestra más de la disposición del Gobierno Federal, de modernizar a las instituciones del Estado en aras de la transparencia, la rendición de cuentas y el estricto apego al estado de derecho por parte de las “autoridades”, una exigencia que tiene mucho que ver con la decisión de grandes inversionistas que necesitan contar con algunas garantías al momento de hacer negocios con los gobiernos; además de que trataba temas de actualización e inserción en las nuevas tendencias de las tecnologías de la información y la comunicación para garantizar una eficiente administración pública. Cabe recordar que también sirvieron para re-centralizar el poder en Gobierno Federal, como pudimos constatar claramente, por mencionar un ejemplo, con la desaparición de la Secretaria de Seguridad Pública, que cedió sus funciones a la PGR y terminará en una Fiscalía General, dependiente de la Secretaría de Gobernación; y en la que curiosamente se anexara una fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción.

La reforma a las telecomunicaciones, funcionó para acallar dos exigencias convergentes. Por un lado, los capitales nacionales exigían desde hace tiempo la apertura de más canales en vista de las jugosas ganancias y el poder que representa controlar un medio de información masivo. Por otro lado, las grandes trasnacionales, a sabiendas del enorme potencial que significan los medios masivos, buscan “diversificar” las herramientas de defensa de sus inversiones, por lo que pretenden competir por un lugar en el espectro radioeléctrico.

Ni qué decir de la reforma energética…

En fin, la decisión de la Suprema Corte, no deja de asombrar, sobre todo a la luz de la resolución que sobre otra de las llamadas reformas estructurales tuvo a bien decretar este honorable y autónomo poder de la Unión:

El 26 de marzo de 2014, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, con cuatro votos a favor y uno en contra, avaló la disposición contenida en la reforma financiera, para que sea posible embargar hasta un 30% del salario de los trabajadores que hayan incumplido los términos –nada amañados ni desventajosos- de su contrato con una institución financiera; y por si esto fuera poco, será posible pedir a las autoridades competentes que se le prohíba al deudor salir de la ciudad si se considera que existe riesgo de que huya.

Así el escenario. No es de extrañar que cada vez más personas tengan una sensación de vacío, de desamparo frente a las instituciones que poco tienen que ver con sus intereses y preocupaciones, y de las de millones de mexicanos más. Las manifestaciones de desprecio, desconfianza y hartazgo ante la corrupción, el cinismo político y el abandono institucional que ha dejado claro, a la luz de las evidencias -las reformas estructurales de carácter neoliberal y las normas que de ellas derivaron ofreciendo una base perfecta para el despojo y la desigualdad legalizado, como un orden natural-, que estos órganos de representación y salvaguarda social, han dejado de servir para su protección, y que ahora velan por los intereses de los grandes capitales, nacionales y extranjeros, lícitos e ilícitos.

En estas condiciones, la decisión de la Suprema Corte pone la cereza en el pastel, pues en una sociedad que desconfía de sus funcionarios y representantes, naturalmente surgirán voces que busquen hacerse escuchar e incidir en las decisiones que determinaran el destino de ellos, de sus familias y sus comunidades, pero si las instituciones no dan respuesta y no sirven para reflejar la opinión de la ciudadanía, ¿qué camino seguir? ¿Cuáles son las alternativas? La protesta social viene a la mente como una respuesta obvia, habrá que estar muy atentos a las próximas reformas en materia de Derechos Humanos que amenazan con reglamentar el artículo 29 constitucional, señalando como perturbación grave de la paz pública “todos los supuestos que pueden poner a la sociedad en grave peligro o conflicto”, es decir, pondrá las reglas bajo las cuales se podrá declarar Estado de excepción, con lo cual el gobierno puede determinar la suspensión o restricción del “ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación”.

El entramado legal-institucional está construido ya y lo único que tienen que seguir haciendo las instituciones y sus gerentes del momento, es continuar administrando el conflicto que, seguramente, no dejará de brotar allí donde las injusticias no sean toleradas. Lo que sigue ya lo sabemos, el factor que no se ha podido determinar es, ¿hasta qué punto podrá influir en ese destino la sociedad mexicana, la ciudadanía, la población, el pueblo, las comunidades, lxs estudiantes, lxs maestrxs, lxs oficinistas, lxs obrerxs, los campesinos, las amas de casa, los pequeños comerciantes, los pueblos originarios en defensa de sus territorios, autodefensas, Policías Comunitarias, organizaciones civiles…

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