Las Exigencias ante los 43 Desaparecidos

Por Alfonso Hernández / Zoon Politikon

¿Qué representan las movilizaciones que se multiplican en todo el país para reclamar que se halle a los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero? No se está manifestando tan solo el dolor de los padres y familiares, no responden únicamente a la indignación por la brutalidad de los policías que primeramente asesinaron a 6 personas y dejaron heridas a otras 20 (entre ellas algunas ajenas al conflicto), para después detener a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos que hoy se buscan; hay mucho más.

En las protestas surgidas por el caso de Ayotzinapa también se exclama el ¡Ya Basta! de un pueblo harto del despotismo y corrupción de las autoridades, se expresa el cansancio de vivir en la miseria, la irritación ante la serie de atropellos de los cuerpos policíacos y del ejército, el poner un hasta aquí al despropósito de los gobernantes de querer seguir engañando a un país con discursos vacíos y falaces.

Las manifestaciones populares también son la respuesta a más de 30 años de políticas económicas que tan solo han beneficiado a unos cuantos al concentrar aún más el ingreso a costa de la mayoría de la población. Según las cifras oficiales, más de 50 millones de mexicanos sobreviven en la pobreza.

Además está presente el rechazo a la sed de lucro de los partidos políticos que lo menos que les ha preocupado son los intereses ciudadanos, de manera que en estos momentos en las movilizaciones populares su representatividad es nula; ellos tan solo calculan los costos políticos y cuál candidato será ahora el que los lleve a ocupar posiciones gubernamentales.

El Presidente de la República lo que echa de menos es su imagen, tal como lo declaró recientemente al señalar que los acontecimientos de Ayotzinapa ‘han opacado’ sus logros en materia de seguridad ¿la seguridad de quién? seguramente la de los potentados y sus familias. El Ejecutivo Federal y partidos políticos comparsas preveían que con cacarear sus reformas estructurales tenían ganado el futuro; nunca hubo la menor sensibilidad acerca de los problemas sociales, seguían confiando en su mercadotecnia televisiva. Incluso a nivel internacional tales reformas dejaron de ser noticia; también en el orbe se denuncian los asesinatos de los estudiantes en Guerrero.

En un principio Peña Nieto declaraba que respecto a los sucesos en Iguala las autoridades municipales y estatales tenían que asumir su responsabilidad, es decir, que ellos investigaran y dieran las explicaciones del caso, que asumieron los costos políticos, otro poco y remedaba al clásico ‘¿y yo por qué?’ del inútil Vicente Fox, cuando se le preguntó qué medidas adoptaría ante la toma de las instalaciones del entonces Canal 40 por civiles armados pagados por Salinas Pliego, con lo que dicho canal, cabe decir,  pasó a ser parte del consorcio de TV Azteca.

En el caso de Ayotzinapa al Ejecutivo Federal el cálculo le falló, los reclamos fueron subiendo de tono y no le quedó otra opción que entrar, en un principio, ‘a coadyuvar con las investigaciones’, una vez que el presidente municipal ‘inexplicablemente’ se fugó de la entidad pese a la vigilancia policial de que era objeto. Por su parte, el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, ha sido rebasado completamente por los acontecimientos, al grado de encontrarse en un vacío de poder, pese a que el recién nombrado y flamante presidente del PRD declare lo contrario en un insípido juego de palabras.

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Los gobiernos federal y estatal han tratado de tender diversas cortinas de humo que en algún momento a los priístas de cuño tal vez les funcionaron, como dar largas para que la situación se enfríe; sin embargo ahora les resultó contraproducente, cada día son más álgidos los reclamos. También y como es recurrente antes de toda investigación, culparon al narcotráfico, lo absurdo radicaba en que los titulares de las procuradurías de justicia del Estado de Guerrero y General de la República no explicaban los móviles del crimen organizado para asesinar a estudiantes que en nada perjudicaban a sus intereses, pero que a quienes sí afectaban era a la aparente estabilidad que los políticos tratan de mantener. Hay un apotegma consistente en que a la hora de buscar al culpable de un delito, debe iniciarse por sospechar de aquellos que saldrían beneficiados.

Como los artificios de los gobiernos estatal y federal no han dado los efectos esperados, se han dedicado a pregonar las actividades realizadas para hallar a los normalistas; eso tampoco importa, lo único relevante consiste en que informen dónde se encuentran los desaparecidos, de otra forma con sus discursos solo muestran su ineficacia por los nulos logros alcanzados.

Así, la Procuraduría General de la República sigue dando vueltas a una posible explicación de los hechos, como si estuviera calculando qué tesis representa los menores costos políticos, perdiendo así la poca credibilidad que aún pudiera tener. Primeramente dicen que los cuerpos hallados en las fosas clandestinas no corresponden a los normalistas de acuerdo a las pruebas periciales realizadas por ellos, pero después, el 22 de octubre corrigen que tales análisis los realizaron con las muestras de consanguinidad proporcionadas por el Gobierno del Estado de Guerrero y que por tanto, esperan los resultados de los estudios practicados por los forenses argentinos.1 Al parecer reandan un camino que habían desmentido cuando no encontraron nuevos cauces, mostrando una increíble ineptitud o para preparar su tinglado o para realizar sus funciones, o bien para ambos.

A la vez, después de varios días de las sesudas investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República, vuelven a retomar como móvil que los policías municipales entregaron a los estudiantes a los sicarios del narcotráfico por instrucciones del presidente municipal de Iguala para que no alteraran la celebración del cumpleaños de su esposa,2[i] la cual es hermana de un jefe del cartel denominado Guerreros Unidos, quienes supuestamente identificaron a los normalistas como pertenecientes a una banda rival. ¿En eso quieren quedar, hasta ahí tan solo quieren llegar? ¿A quiénes están encubriendo, porque tantos días para tan portentoso descubrimiento que desde el principio ya se mencionaba, que clase de negociación establecieron en ese lapso los grupos políticos involucrados?

Resulta claro que las autoridades se encuentran cada día más presionadas para dar explicaciones por las protestas sociales; también que conforme pasan las horas, surgen testimonios de que los estudiantes no se encuentran ya con vida. Lo que hasta el momento ha quedado evidenciado es el contubernio del narcotráfico y la clase política, de la ineptitud de las instituciones y de que se privilegia la reducción del costo político frente al esclarecimiento fehaciente de los hechos.

Tampoco será relevante que los partidos políticos representados en el Senado convenzan a lo que queda del empecinado gobernador de Guerrero para que renuncie; esto será el fruto de la movilización y la presión política de los guerrerenses y demás mexicanos en solidaridad. El PRD como partido político que postuló a Ángel Aguirre Rivero a la gubernatura de Guerrero, ha enseñado sus miserias una vez más, justificando con argucias jurídicas su renuencia para no iniciar el proceso que conduzca a la destitución del gobernador. Después los chuchos optaron por no hacer público su apoyo incondicional a Aguirre Rivero, como si el querer tapar el sol con un dedo constituyera una formidable estrategia política.

Incluso Morena y su insigne representante no se ha pronunciado de manera pública y contundente, también López Obrador tiene sus cálculos políticos ya que su candidato viable a la gubernatura de Guerrero para el año 2015, el recién cesado Secretario de Salud estatal, Lázaro Mazón Alonso, guarda vínculos con el exalcalde prófugo de Iguala, José Luis Abarca Velázquez; de hecho el exsecretario de salud fue quien promovió a este último ante Aguirre Rivero para que lo postulara a ocupar la presidencia municipal de Iguala por el PRD; a cambio mantenía en la nómina del municipio a otros dos hermanos Mazón Alonso. Y ahora todos ellos dicen que desconocían las actividades ilícitas de Abarca Velázquez; su menosprecio al sentido común de la ciudadanía no tiene límites ¿o es que tampoco sabían de los nexos familiares de la esposa de Abarca con el narcotráfico? La posible respuesta tiene dos opciones, que en este caso no son excluyentes: idiotez y corrupción.

Por su parte ha sido notoria la ausencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su titular está más preocupado por reelegirse en el cargo y por tanto procura no afectar intereses que comprometan su carrera política; otra prueba más de que prevalece más el cálculo político a la responsabilidad pública, ese es el minúsculo tamaño de las instituciones vigentes. Por cierto, el preclaro defensor de los derechos humanos también se encuentra estrenando una mansión en el Pedregal valuada en 20 millones de pesos ¿su sueldo alcanza para ello?

En todo caso lo que se está demostrando en las diversas movilizaciones a lo largo del país es que se recuerda a los muertos de Acteal y Aguas Blancas, a los niños de la Guardería ABC, a la larga serie de asesinatos que quedan en la impunidad y a un sinfín de injusticias cotidianas. Consideraron los gobernantes éste sería un ultraje más que quedaría impune, de otra forma no puede concebirse que mandaran reprimir a los normalistas, haya sido por las manos de sus policías o de narcotraficantes en contubernio, la línea divisoria en este caso es demasiado delgada. Si algún día se llegan a esclarecer los hechos, a quienes debe apuntarse directamente es a los autores intelectuales, que por cierto nada se ha dicho al respecto por los 22 asesinados el 30 de junio pasado por el ejército en Tlatlaya, Estado de México, como si los soldados actuaran por iniciativa propia sin recibir órdenes.

Seguramente habrá voces que aparentando buenas intenciones llamen a la cordura, pero si se dirigen a ambas partes ¿no resulta demasiado ingenuo esperar que quienes han hecho de la violencia una forma de gobierno ahora si estén dispuestos a escuchar? Entonces solo queda que la parte agraviada ponga una vez más la otra mejilla; en ello radica la trampa de sus proclamas ‘pacifistas’.

Lo que el caso de Ayotzinapa demuestra es el cansancio del pueblo de vivir sin esperanzas mientras asesinan a sus hijos; exhibe el contubernio de la clase política con el crimen organizado; que la supuesta modernización del país era tan solo un mito, ya que solo busca seguir beneficiando a unos cuantos, con el consecuente deterioro social; que el PRI, PAN, PRD y demás parásitos del sistema no representan ya ni a ellos mismos.

Pero también Ayotzinapa ha ejemplificado que existen otros medios para exigir justicia, la extensa solidaridad por todo el país así lo confirma, al parecer los únicos incapacitados para apreciarlo son las élites políticas, pertenecen a otro mundo, que así sea. Lo que también ha quedado claro es que las argucias de los gobernantes pueden topar con un hasta aquí, en esta ocasión no hay duda de quienes son los culpables del artero asesinato.

1 De acuerdo a conferencia de prensa dada por el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, el 22 de octubre de 2014.

2 Misma conferencia de prensa.

22 octubre 2014

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