El otro Pacto por México

Abraham Eleno / Zoon Politikon

El caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ha traído a colación múltiples interrogantes sobre los gobiernos de las entidades y sus nexos con grupos del crimen organizado.

Los cuestionamientos sobre los filtros que deben aplicar los partidos a sus candidatos a puestos de representación popular, han tenido poco eco en un medio -el político- en el que la complicidad y los padrinazgos son cosa de tradición. Ningún partido se ha librado de verse vinculado con el crimen organizado y las dudas sobre qué tipo de personas gobiernan al país parecen embargar a la ciudadanía.

El otro pacto por méxico

Lo cierto es que el crimen organizado ha adquirido suficiente fuerza en el país, tanto por sus alianzas, como por su presupuesto y sus capacidades potenciales -armamentales, presupuestarias y de factor humano-, que debe ser considerado dentro de los poderes que de facto controla los destinos de este país. Sus ingresos y control de territorios, les han puesto en una posición relativamente ventajosa ahí donde han logrado penetrar las estructuras tanto institucionales como sociales y se ha vuelto obligatorio considerar sus opiniones y acciones al momento de pensar en la gobernabilidad y por supuesto, en los procesos electorales.

Cabe mencionar que, dentro del crimen organizado, podemos encontrar actividades que por sí mismas no constituyen una amenaza para personas ajenas a la actividad, por ejemplo el tráfico y distribución de droga; mientras que existen otras que por su propia naturaleza, representan un crimen que transgrede derechos fundamentales, tal es el caso del secuestro o la trata de personas por mencionar algunos ejemplos.

Visto de este modo, y olvidándonos por un momento de la ilegalidad del negocio, el narco no es por sí mismo sinónimo de violencia, aunque en la práctica se demuestre lo contrario. Dejando de lado ese halo de clandestinidad, podemos analizar el fenómenos del narco como un negocio perfectamente viable que ofrece grandes beneficios -proporcionales en todo caso al riesgo en escenarios de ilegalidad mayormente, pero también como regla de oro en el mundo empresarial-, que proporciona un sinnúmero de fuentes de empleo, que cuenta con un mercado y un futuro prometedor, en el que la inversión no necesariamente debe ser muy alta -dependiendo de los “estándares de calidad”, la cantidad y la droga que se busque producir- y en el que el comercio internacional deja beneficios económicos alentadores para aquellos viejos y nuevos “emprendedores” ambiciosos.

No es de extrañar que la lógica del comercio de estupefacientes juegue bajo la misma lógica que domina el libre mercado y en particular al mercado internacional. La competencia es fiera, la diferencia es que no se queda en el mero intercambio de publicidad agresiva, un boicot o denuncias ante órganos de justicia. En el caso del narcotráfico, la competencia no se da de manera institucionalizada, aquí la disputa no tiene límites y para ganar un mercado no se hace uso de la publicidad viral o de una campaña agresiva e ingeniosa, aquí, la “libre competencia” no se gana “absorbiendo” al competidor, sino eliminándolo y el monopolio es la única aspiración -en este sentido también los grandes capitales legales tienen esa aspiración y algunos lo han logrado, aunque no lo admitan-. En el mercado ilegal las formas sofisticadas de competencia mercantil son sustituidas por brutales muestras de control y dominio que no dejan lugar a dudas sobre quién tiene el control de qué mercado y en qué territorio; lo que no debemos perder de vista, es la motivación, esencial a todo intercambio comercial con fines de lucro, de controlar un mercado, posicionarse como un actor dominante en ese y otros mercados y por tanto, obtener los mayores rendimientos por su capital; ¿les suena familiar?

Una vez establecido este punto, debemos observar que, como todo agente de poder, su trato con las diversas instituciones y con los otros poderes comienza a hacerse necesario, en principio para su propia sobrevivencia, estableciéndose poco a poco la simbiosis. Los grandes grupos empresariales que se dedican, al menos públicamente, a actividades lícitas, tienen también fuertes lazos con el mundo político, algo que se vuelve necesario para las “tribus” en capacidad de disputar y mantener el control de algún factor de poder -económico, político, militar, tecnológico, recursos, etc.-,  que por supuesto, buscan ejercer.

De este modo, es posible asimilar la “naturaleza” implícita de estas relaciones Estado-Poder fáctico -en este caso, los cárteles- que ha comenzado a desarrollar sus propios mecanismos de reproducción y consolidación. Los grupos delincuenciales han logrado infiltrar a los otros poderes y han establecido vínculos que dejan ver hasta qué punto han conseguido abrirse espacio en las siempre herméticas cúpulas. Las relaciones que han fraguado con el mundo del entretenimiento y el mundo político, son sin duda dos de los escenarios en los que más frecuentemente se ven mezclados los intereses, sin excluir a empresarios (grandes o pequeños) que buscan diversificar sus inversiones y participar de las abundantes ganancias de un mercado en expansión.

Visto así, los casos de corrupción que se han destapado luego de la tragedia que azota al estado de Guerrero, y los múltiples casos de colusión entre autoridades y crimen organizado que se han presentado a lo largo y ancho del país -Sinaloa, Durango, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo, Michoacán, Guerrero, etc.-, ya no pueden ser vistos como casos aislados, sino como una práctica que comienza a implantarse por toda la República, y amenaza con volverse la regla.

Los nexos entre la clase política y el narco como agente de poder, no pueden asimilarse como mera distorsión y trastrocamiento ocasional de la vida pública, son fenómenos que deben ser analizados como un producto natural del sistema económico, político y social en el que nos desenvolvemos. Las relaciones entre estos actores son una consecuencia lógica del Sistema, es decir, existen condiciones favorables en el país para que este tipo de relaciones se desarrollen y prosperen, un ejemplo claro es el nivel de impunidad que se registra, los bajos ingresos que perciben más de la mitad de la población, la falta de empleo, la baja calidad de la educación, una “burguesía” nacional sin escrúpulos y sin atisbo de conciencia social, el modelo económico al que sirve la clase política, la pobre ética y la carencia de valores de la misma, una sociedad poco participativa y un largo etcétera, que nos hace reflexionar sobre la profundidad del problema que tenemos enfrente.

Como verán, las relaciones entre grupos de poder, son fenómenos que no se reducen a las explicaciones meramente económicas ni a las que abogan sólo por los factores personales y las decisiones de unos cuantos individuos, sino que se desenvuelven en todo un ambiente que les es favorable, que les permite mantenerse, prosperar e incluso influir en la construcción de ese entorno. Estas facilidades, que podrían parecer propias de un régimen, son en realidad el producto de la continua interacción de estos factores de poder en sus determinados contextos, siempre que los intereses pueden ser convergentes, sin importar el régimen; en el caso del crimen organizado, pueden observarse estas relaciones ahí donde ha logrado dominar con éxito un sector del mercado o un territorio por un tiempo relativamente prolongado; un par de muestras son la sospechas de colusión entre grupos criminales y la clase política en Colombia o recientemente en Perú, países donde el narco ha encontrado terreno fértil para desarrollar sus actividades y donde no ha podido quedar al margen de la política y la vida pública.

Otro ejemplo ilustrativo: las campañas electorales han sido un excelente escenario para las relaciones entre el narco y la clase política. El diseño estas campañas resulta cada día más costoso en un entorno mediatizado como el nuestro. Los espacios publicitarios y los gastos derivados de los procesos electorales, demandan cantidades de dinero que difícilmente serían costeables si atendemos sólo a los recursos públicos que obtienen los partidos políticos, por lo que los patrocinios y financiamientos externos son cada vez más comunes y onerosos, ofreciendo el perfecto caldo de cultivo para el acercamiento entre agentes de poder tanto político como económico -en este punto se vuelve obvio que podríamos estar hablando de cualquier grupo, tanto lícito como ilícito-. Para nuestro caso, el éxito de un grupo político, significaría lógicamente, así como los patrocinadores se benefician de los contratos de obras o servicios públicos, que los grupos delincuenciales “afines” a dicho grupo, serán quienes gocen de ciertos privilegios en los territorios “democráticamente” adquiridos.

En fin, el caso definitivamente es material para múltiples temas de investigación y análisis, sin mencionar las opiniones que ya provoca en la sociedad mexicana, pero lo que es un hecho es que estas cuestionables y nada “casuales” relaciones están desarrollándose y es necesario abordar el asunto desde una perspectiva multifactorial y por tanto contemplar una multiplicidad de soluciones. La complejidad del problema nos pone aún más pruebas cuando advertimos que tanto uno como otro, clase política-crimen organizado, han comenzado a entremezclarse de tal forma que es posible observar un entrecruzamiento entre funciones que nos pone a pensar si de verdad es sólo cuestión de “negocios” o si estamos siendo gobernados por una coalición que se ha repartido tanto las candidaturas, las plazas, las prebendas y la asignación de recursos públicos, así como el control de territorios, de sus recursos naturales y del destino de sus pobladores, en lo que bien podría denominarse como El Otro Pacto por México.

La interrogante es, ¿qué respuesta dará la ciudadanía? Lo que queda claro es que debe ser ella misma la que vele por sus intereses, pues en el entrecruce de funciones, no queda claro qué delitos fueron cometidos como producto de la guerra contra el crimen organizado, y cuáles han sido producto de ejecuciones y desapariciones forzadas. ¿Qué respuesta dará la ciudadanía? ¿Puede intentarlo democráticamente en las urnas?

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