10 focos rojos sobre la Reforma Energética

Por: Abraham Eleno / Zoon Politikon México      adobe_logo

Hablar de la industria energética en México es remitirnos, necesariamente, a uno de los episodios más grandes que se cuentan en la historia de México. Aquella férrea defensa de los recursos energéticos del país, que tuvo su más glorioso capítulo durante la primera mitad del siglo XX, forma parte del ideario colectivo del mexicano modelado en las instituciones nacionalistas de viejo cuño y de los que aún hoy, más allá de nacionalismos e ideologías, son conscientes de la importancia de un sector considerado estratégico a nivel global por las ventajas que brinda en el juego geoeconómico y geopolítico, sin mencionar los beneficios potenciales para sus conciudadanos.

Reforma Energética 2014

En México, sin embargo, la industria energética, principalmente la petrolera y la eléctrica, han sido blanco de un sinnúmero de ataques por parte de los sectores neoliberales más pragmáticos.

Los argumentos han sido muchos y muy variados: que la producción de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha venido a la baja por falta de inversión (relativamente cierto, habría que entrar en detalles y debatir sobre las alternativas); que Pemex no puede seguir constituyendo un monopolio en plena globalización (claro, según el modelo capitalista neoliberal esto es un “anacronismo”); que si el sector energético desea ser competitivo debe abrirse al mercado global (por supuesto, en una economía capitalista de carácter neoliberal debería ser así, el problema surge cuando los pregoneros de aquellas doctrinas, sabiéndose en ventaja comparativa, obtienen los mayores beneficios para ellos mismo o sus economías locales); que si los mexicanos quieren tener mejores precios en sus gasolinas y servicio eléctrico, deben aceptar la participación de otros proveedores (tendría sentido si los precios de esos productos y servicios dependieran sólo de la oferta y la demanda local, sin influencia de los mercados internacionales); que México no puede seguir dependiendo sólo de sus recursos para completar su presupuesto anual (este argumento aún no es comprensible para un servidor, pues teniendo los recursos, por qué no hacerlo, es verdad, no podemos depender sólo de eso, pero puede ayudar a aminorar las tasas presupuestarias en beneficio de la sociedad, sobre todo en economías deprimidas como la mexicana); en fin, como podemos observar, los argumentos esgrimidos por el neoliberalismo rayan las verdades a medias y el sinsentido, pero todos ellos comparten la intención, explicita o implícitamente, de entregar los recursos o los dividendos derivados de la explotación y comercialización de esos recursos a la iniciativa privada, nacional o extranjera.

Las leyes reglamentarias que actualmente se discuten en los órganos de representación popular, no han servido para apaciguar las voces que denunciaron, desde la campaña presidencial e incluso antes, el proyecto privatizador (neoliberal) que encabeza actualmente Enrique Peña Nieto y sus aliados del momento (PAN, PVEM, PANAL e incluso el Consejo Coordinador Empresarial ha salido a dar el “espaldarazo”). La propuesta de creación y modificación de diversas normas reglamentarias que fueron redactadas y pactadas desde la Secretaria de Energía, han revivido a los fantasmas de las navidades pasadas con mayor fuerza que nunca; comparadas las propuestas de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, se vuelve evidente que las cuentas pendientes con los acreedores políticos y económicos han dejado una deuda grande que debe subsanarse pronto.

Varios han sido los temas que han encendido los focos rojos, y con razón, en la sociedad consiente del despojo que significa la actual reforma energética, entre estos tópicos destacan:

1. Por supuesto, la desaparición de la figura paraestatal, con la consecuente conversión de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en “empresas productivas del Estado” (la clave para la apertura del sector energético del país);

2. La declaratoria de que Pemex y CFE serán “propiedad exclusiva del Gobierno Federal” (ojo, no será propiedad del Estado, sino del Gobierno Federal en turno, con toda la discrecionalidad que eso implica a la hora de tomar decisiones, como ejemplo mencionaremos la desincorporación por decreto presidencial de las Zonas de Salvaguarda, es decir, la “liberalización” por decretazo de aquellos terrenos en los que estaban prohibidas las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos);

3. La entrega, por razones de “utilidad pública”, de predios para el desarrollo de las actividades de aquellas empresas que ganen licitaciones para la producción de energía eléctrica (a través de las nuevas figuras de “ocupación temporal o superficial”, “servidumbre voluntaria”, arrendamiento, compraventa, permuta o incluso la “servidumbre legal” [por vía jurisdiccional o administrativa] cuando las partes no puedan llegar a un acuerdo de voluntades);

4. La “negociación voluntaria” que deberán llevar a cabo los propietarios de tierras con las empresas privadas interesadas en la explotación de hidrocarburos (acostumbradas al pillaje y la enajenación por todos los medios que el dinero puede comprar, y desamparando a un gran sector de la sociedad que [sobre]vive en las zonas rurales, únicas proclives a la enajenación de predios, ya que las zonas urbanas quedan exentas de explotación para los fines de la reforma en cuestión);

5. La aprobación del fracking como método de explotación de gas natural y petróleo en las reservas de lutitas, esquisto o pizarra (con todo el desastre ecológico que representa a la luz de las evidencias, sin mencionar que no figura ninguna empresa nacional que pueda llevar a cabo esta técnica, dominada principalmente por las petroleras norteamericanas);

6. La ampliación de las concesiones a las empresas mineras (en su mayoría extranjeras) para que puedan explotar o aprovechar libremente sus reservas de gas grisú (o gas natural no asociado o seco, principalmente en minas de carbón), para que pueda licitar por una concesión nueva, ahora para la explotación de gas o bien asociarse con una concesionaria externa (por si les hacía falta un ingreso extra);

7. La amenaza que comienza a hacerse patente para los trabajadores tanto de la CFE, como para los empleados de Pemex, quienes al parecer deberán renunciar a algunos de sus derechos y prestaciones laborales (ya se plantean modificaciones al Contrato Colectivo de Trabajo de los obreros sindicalizados para la “modernización” de su sistema de pensiones, por ejemplo);

8. Las concesiones que se podrán otorgar para la explotación, uso y aprovechamiento de aguas del subsuelo (yacimientos geotérmicos hidrotermales) para la generación de energía geotérmica (lo que conlleva un aprovechamiento y control de recursos hídricos, sin mencionar el riesgo ambiental que significa sujetarse a los resultados de los estudios de viabilidad y sostenibilidad presentados por los aspirantes a concesionarios, y que, dato curioso, tiene como uno de sus primeros concesionarios a Grupo Salinas a través de su subsidiaria Geotérmica para el Desarrollo);

9. Las empresas que ya producen energía eléctrica a través de permisos de “suministro calificado” que les permiten generar su propio suministro eléctrico según el “régimen de competencia”, ahora podrán comercializar su excedente incluso con las instituciones gubernamentales (se otorgan ventajas a los “suministradores de servicios calificados”, quienes no podían comercializar sus excedentes más que con la CFE, ahora podrán hacerlo también por medio de un “suministrador representante”);

10. La posibilidad de constituir “sistemas integrados”, esto es, permite la “coordinación operativa” entre sistemas de transporte por ducto y de almacenamiento de Gas Natural, Petrolíferos y Petroquímicos (al más puro estilo del trust de la Standard Oil, que diera origen a las primeras leyes antimonopolio del mundo).

La “discusión” continua ahora en la Cámara de Diputados, el PRI y el PAN, sin olvidar al PVEM (que de ecologista sólo tiene el nombre) han constituido un frente único en contra de cualquier modificación a lo pactado fuera de los recintos legislativos, a espaldas de la opinión pública y lejos de cualquier intento por echar luz sobre los temas de esta importante reforma.

Nuestros “representantes” políticos han dejado mucho qué desear frente a la defensa de los recursos naturales estratégicos, la tarea, de nueva cuenta, queda en manos de la ciudadanía que nuevamente tendrá que, por lo menos, alzar la voz en contra del ultraje y saqueo que se cierne sobre su patrimonio.

Si les interesa adentrarse a profundidad sobre lo aprobado por la Cámara de Senadores, aquí les compartimos los cuatro decretos enviados a los Diputados para su aprobación:

LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y LA LEY DE ENERGÍA GEOTÉRMICA, Y SE ADICIONA Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES

LEY DE HIDROCARBUROS Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA; LEY MINERA, Y LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS

LEY DE LOS ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA, SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y LA LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Y SE REFORMAN Y DEROGAN• DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES; LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

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